Un nuevo hecho de violencia que afecta la integridad de la comunidad estudiantil del colegio Liceo Naval, ubicado en el distrito de San Borja, ha salido a la luz pública tras la grave denuncia interpuesta por la madre de una alumna de la institución.
La progenitora reveló que su menor hija fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un docente de religión y acusó a otra profesora del plantel de someter a la estudiante a un prolongado proceso de acoso que se habría extendido desde el año 2022.
La denunciante declaró ante los medios de comunicación que el caso se encuentra formalmente bajo investigación en el Ministerio Público, precisando que decidió hacer pública la situación debido a la presunta inacción y falta de medidas correctivas por parte de las autoridades del centro educativo. Este episodio se suma al delicado antecedente registrado en septiembre pasado, cuando se reportó una presunta agresión sexual contra otro alumno dentro de un vehículo de transporte de la misma institución.
Acusaciones y docentes involucrados en la denuncia penal
De acuerdo con el expediente fiscal radicado en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima, la agresión ocurrió en el año 2022 durante las sesiones de catequesis dictadas a los alumnos de primero de secundaria. La madre de la víctima identificó al profesor de religión acusado de realizar los tocamientos indebidos como Luis Moreno Iberico, exigiendo la aplicación de las sanciones penales correspondientes.
Asimismo, la denuncia penal involucra de manera directa a la docente Raquel González Casas, a quien se le atribuyen actos de acoso sistemático en perjuicio de la menor entre los años 2022 y 2024. Durante dicho periodo, la profesora desempeñó cargos de enseñanza en el área de religión y asumió la responsabilidad de las jornadas de preparación para la confirmación dentro de la infraestructura del colegio.
La acusación legal se extiende además hacia las exautoridades del plantel, identificando a los exdirectores Alberto Pool y Carito Ayala por una presunta omisión de funciones al no haber activado de manera oportuna los protocolos de protección al menor frente a las alertas presentadas por la familia. Los docentes e implicados señalados en el documento no brindaron declaraciones ante las consultas periodísticas realizadas sobre el caso.
Cuestionamientos a la gestión escolar y antecedentes de inseguridad
La madre de la menor cuestionó con severidad la postura asumida por las autoridades del colegio durante una asamblea de padres de familia celebrada el pasado 17 de septiembre. La reunión se llevó a cabo apenas dos días después de que se hiciera pública la presunta agresión sexual sufrida por otro estudiante en un bus de la institución, escenario en el que la progenitora recriminó la falta de celeridad para investigar los hechos cometidos dentro de las aulas.
En sus declaraciones públicas, la familiar de la víctima sostuvo que las autoridades del plantel habrían intentado minimizar las denuncias para evitar el impacto mediático y proteger la imagen de la institución educativa. La madre enfatizó que este tipo de actuaciones revela un patrón de conducta que vulnera el deber de custodia y protección que las escuelas deben garantizar a sus alumnos durante el horario escolar.
La comunidad de padres de familia ha expresado su profunda preocupación por la acumulación de denuncias de violencia y acoso en el colegio de San Borja. Las familias vienen exigiendo la intervención inmediata de las autoridades del sector educación y de la fiscalía para apartar de las aulas al personal investigado y garantizar la seguridad física y psicológica de los estudiantes.
