El magistrado Walther Huayllani cuestionó la precisión de la acusación fiscal por presunto tráfico de influencias y otorgó diez días para que el Ministerio Público subsane las observaciones.
El proceso judicial contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, y Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, enfrenta un nuevo giro.
El juez Walther Huayllani decidió devolver la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenó que sea reformulada luego de advertir deficiencias en la manera en que fueron planteados los hechos y su relación con los delitos atribuidos.
La investigación está relacionada con una presunta intervención de Hurtado ante Del Águila para acelerar, en 2019, el trámite de obtención de la nacionalidad china del futbolista peruano Roberto Siucho.
Juez cuestiona la acusación de la Fiscalía
Durante una audiencia virtual, el magistrado señaló que en esta etapa del proceso la Fiscalía debe presentar una hipótesis concreta y suficientemente desarrollada, sin trasladar al órgano jurisdiccional la responsabilidad de establecer conclusiones a partir de los elementos presentados.
“En esta etapa se tienen que presentar hipótesis acabadas”, sostuvo Huayllani, según lo expuesto durante la audiencia.
El juez también consideró que el Ministerio Público no habría precisado adecuadamente el nivel de intervención que correspondería a cada uno de los investigados.
Las observaciones fueron respaldadas por la Procuraduría Pública, que había cuestionado que la acusación fiscal se concentrara principalmente en la descripción de los hechos, sin establecer con suficiente precisión cómo estos se adecuarían a los delitos imputados.
¿Tráfico de influencias o patrocinio ilegal?
Uno de los principales cuestionamientos del magistrado está relacionado con la calificación jurídica de los hechos. Huayllani sostuvo que, de acuerdo con el contenido de la acusación presentada, los hechos descritos podrían no alcanzar la suficiencia necesaria para configurar el delito de tráfico de influencias, aunque eventualmente podrían ser evaluados bajo la figura de patrocinio ilegal.
Por ello, el magistrado indicó que la Fiscalía deberá revisar nuevamente el contenido de su acusación y, de considerarlo pertinente, realizar la recalificación jurídica correspondiente.
La decisión no implica, por sí misma, una declaración de responsabilidad o inocencia de los investigados, sino que obliga al Ministerio Público a precisar y corregir los aspectos observados por el juzgado.
Fiscalía tiene diez días para corregir la acusación
El juez Huayllani estableció un plazo de diez días para que la fiscal adjunta July Rosales Flores presente nuevamente la acusación con las observaciones subsanadas.
Asimismo, el magistrado advirtió que, si las deficiencias persisten, convocará a la fiscal a cargo del proceso penal, Mónica Silva, para que se pronuncie sobre el contenido de la acusación y las observaciones formuladas durante la audiencia.
Huayllani también señaló que, aunque no puede obligar directamente a la fiscal provincial a participar presencialmente en una próxima audiencia, podría remitir un informe a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público si considera que existe falta de colaboración.
‘Chibolín’ afronta otros procesos
Por este caso, la Fiscalía solicita una pena de 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado, mientras que para Roxana del Águila se requiere 5 años de cárcel.
Hurtado, quien actualmente cumple prisión preventiva, también enfrenta otra investigación penal en la que figura junto a la fiscal superior Elizabeth Peralta.
En ese segundo proceso, el Ministerio Público solicita una pena de 30 años de prisión contra el exconductor de televisión. La acusación está relacionada con una presunta intervención ante Peralta para favorecer al empresario minero Javier Miu Lei, quien buscaba recuperar lingotes de oro que habían sido incautados en 2020.
Así, la devolución de la acusación por el caso de Roberto Siucho abre una nueva etapa procesal, en la que la Fiscalía deberá precisar los hechos, la participación atribuida a cada investigado y la calificación jurídica que corresponda.
