Un nuevo hecho de violencia dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranga, abrió una investigación paralela en el caso que involucra a seis estudiantes por la presunta agresión sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise.
La denuncia fue interpuesta en la comisaría de San Miguel por la madre de uno de los internos, alertando sobre un ataque físico perpetrado en las instalaciones del recinto mientras los adolescentes cumplen cuatro meses de internamiento preventivo.
Este reporte surge en las horas previas a una audiencia clave orientada a esclarecer los acontecimientos registrados el pasado 15 de septiembre dentro de un transporte escolar tras una competencia deportiva.
Las autoridades policiales y del Ministerio Público iniciaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias exactas del incidente, evaluar la posible falla en los protocolos de protección interna y deslindar las responsabilidades individuales dentro del centro de rehabilitación.
Diligencias policiales y versiones sobre el ataque en el centro juvenil
La acusación ingresada en la dependencia policial de San Miguel sostiene que el episodio ocurrió en el área de las duchas de Maranga, donde los seis adolescentes investigados comparten un mismo espacio bajo la custodia de un educador.
Las primeras versiones difundidas en medios de comunicación barajaron la hipótesis de una agresión de carácter sexual, pero reportes posteriores aclararon que se trataría de un ataque físico contra uno de los menores que cursa el quinto año de secundaria.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, el menor agraviado habría sido agredido tras acercarse a hablar con el único estudiante de cuarto año que permanece recluido con el grupo.
Durante ese diálogo, el joven le habría manifestado que no participó de forma directa en el abuso denunciado en septiembre, lo que habría desencadenado la reacción violenta de los demás internos para mantener una postura unificada ante las autoridades judiciales.
Ante este escenario, la Fiscalía y la Policía deberán tomar las declaraciones de los adolescentes presentes, revisar los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento y someter al afectado a evaluaciones médicas y psicológicas.
Situación judicial de los implicados y ratificación del internamiento
La nueva denuncia se produjo en simultáneo con la revisión de la medida cautelar impuesta a los seis estudiantes involucrados en el caso del transporte escolar.
Una resolución de la Segunda Sala Especializada de Familia, emitida el 5 de octubre, analizó la apelación presentada por la defensa técnica de uno de los procesados, la cual buscaba suspender la reclusión en el centro juvenil mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.
El tribunal decidió por mayoría, con dos votos a favor y uno en contra, mantener la orden de cuatro meses de internamiento preventivo para la totalidad de los adolescentes investigados.
